El Colegio de Arquitectos de Asturias plantea crear un censo municipal de edificios de interés para salvaguardar aquellos inmuebles de menos de 30 años que, por su carácter contemporáneo, no tienen cabida en el nuevo catálogo urbanístico de Gijón (el inventario en proceso de actualización sólo incorpora las construcciones entre la Guerra Civil y la década de los setenta del pasado siglo).

Esa petición figura en el escrito de alegaciones presentado por el colectivo profesional contra la nueva norma de protección urbanística del concejo. Según explicó a EL COMERCIO el decano de los arquitectos asturianos, Ángel Noriega, lo que se persigue es una selección de las construcciones gijonesas «más relevantes de los últimos años», para su consideración en futuras revisiones del catálogo urbanístico. La actual nómina de bienes protegidos lleva vigente desde 1983.

Dicho censo paralelo haría prevalecer el valor arquitectónico intrínseco de los inmuebles sobre su antigüedad y el único requisito para formar parte de él, según subraya el texto alegatorio, es que los candidatos tengan menos de 30 años y estén «avalados por una calidad reconocida». Quiere esto decir, puntualizó Noriega, que las obras hayan sido objeto de algún premio de arquitectura en el ámbito regional como los Premios Asturias de Arquitectura o las Plomadas de Asprocon. Siguiendo ese planteamiento, el edificio de servicios múltiples de El Musel y las últimas actuaciones llevadas a cabo en el Museo del Pueblo de Asturias, distinguidas ambas, podrían optar a ese especie de lista de espera para la catalogación que proponen los arquitectos.

El Colegio de Arquitectos reconoce el esfuerzo del trabajo de campo realizado por la empresa Dolmen en un núcleo de población tan extenso y disperso como Gijón, pero también plantea posibles mejores incidiendo en la revisión de los niveles y criterios tenidos en cuenta para la clasificación propuesta en el catálogo. A juicio del colectivo profesional, se deben matizar los valores destacables que particularizan y justifican el nivel de protección de los diferentes elementos catalogados. En su escrito de alegaciones los arquitectos también afirman que es susceptible de mejora las fichas de catalogación como patrón que detalle la posible intervención urbanística en cada caso.

El texto alegatorio también pone de manifiesto algunos errores y contradicciones que a su juicio deben corregirse. Además, formula propuestas concretas como la de dotar a los servicios técnicos municipales con expertos en la materia, entre los que debería figurar al menos, según el colegio de arquitectos, un profesional especializado en asuntos de patrimonio.

Otra iniciativa para la incorporación al nuevo inventario municipal es la previsión de compensaciones de carácter económico a los propietarios de bienes protegidos por las restricciones que a menudo les afectan. La forma concreta de resarcir a esos propietarios serían exenciones fiscales en impuestos como el IBI, créditos especiales y rebajas en tasas por licencias de obra.

Por último, los arquitectos instan al Ayuntamiento a la incoación del expediente para la declaración de algunos bienes de interés cultural (BIC), entre los que destacan la Universidad Laboral y el yacimiento arqueológico de Veranes. Se trata de una categoría justo por debajo de monumento nacional, cuya concesión es competencia del Gobierno asturiano. Con esta medida, el colectivo profesional quiere, en el caso de la Ciudad de la Cultura, poner freno a actuaciones como la de la caja escénica del teatro, que la mayoría desaprueba.

Otros reputados arquitectos gijoneses con Diego Cabezudo a la cabeza han criticado a título particular la «banalización» del nuevo catálogo urbanístico por incluir «demasiados elementos». «Con tantos edificios protegidos se deprecia la autoridad del catálogo. Se debe catalogar menos y mucho más escogido», opina Cabezudo.